LOS MOTIVOS DEL VOTO

HECTOR ARTURO GOMEZ MARTINEZ

¿Estamos votando por convicción o reaccionando al miedo, al desencanto y a nuestros intereses inmediatos?

Una reflexión sobre la democracia, la representación política y los factores que influyen en nuestras decisiones electorales.

Cada cuatro años, millones de ciudadanos abandonan por unos minutos la rutina permanente de sus vidas, para realizar un acto que, en apariencia, parece sencillo y  para muchos insignificante: marcar una casilla en un tarjetón, para elegir a quién habrá de dirigirlos y gobernarlos Sin embargo, pocas decisiones tienen un impacto tan profundo sobre el destino de una sociedad, como esa pequeña marca que cada elector deposita en el decisivo significado de las urnas.

Cada vez que una elección concluye, los vencedores celebran el respaldo recibido y los derrotados buscan explicaciones. Unas veces atribuyen el resultado al acierto del adversario; otras, a sus propios errores; y no faltan quienes alimentan la sospecha de que la voluntad popular pudo haber sido alterada. Es entonces cuando la confianza y la desconfianza vuelven a disputarse el mismo escenario, reeditando, elección tras elección, las mismas preguntas, las mismas sospechas y las mismas discusiones de siempre.

Entre la confianza y la sospecha

Uno de los argumentos que con mayor frecuencia se esgrime, sostiene que si el sistema electoral y el software utilizados fueron los mismos con los cuales resultó elegido el gobierno anterior, no tendría sentido cuestionarlos ahora; que resulta contradictorio dudar hoy de un sistema que ayer se consideró válido, precisamente porque produjo resultados favorables para quienes ahora lo critican. A primera vista, el razonamiento parece contundente: aquello que fue aceptado en el pasado, debería seguir siendo confiable en el presente.

Pero la realidad resulta más compleja que la seguridad con que se lanzan las consignas a favor de uno u otro bando. El hecho de que un sistema haya funcionado correctamente durante años, no significa que sea inmune a un intento de manipulación futura, así como tampoco su buen historial, demuestra por sí solo que algo irregular no pueda ocurrir más adelante. Y aunque la siguiente explicación no podría resultar exacta para indicar similitudes, se puede asegurar que un banco puede operar durante décadas enteras ofreciendo seguridad absoluta a sus clientes y, aun así, convertirse algún día en escenario de un cruento y decisorio fraude; nadie concluiría que, por haber funcionado bien durante veinte años, por ejemplo, resulta imposible que un hecho irregular ocurra en el vigésimo primero. Los sistemas —electorales, financieros o administrativos— no son transparentes o fraudulentos por naturaleza propia: dependen de quienes los administran, los supervisan, los auditan y los controlan.

Pero existe un matiz igualmente importante: que algo pueda ocurrir, no demuestra por sí mismo que efectivamente haya ocurrido. Que determinados sectores políticos, económicos o institucionales tengan incentivos para impedir la continuidad de un proyecto político, no constituye prueba de manipulación electoral. La desconfianza puede ser legítima, pero las acusaciones requieren evidencias; entre la sospecha y la certeza, existe una distancia que únicamente pueden recorrer las pruebas. En una democracia seria, las hipótesis pueden abrir investigaciones; las convicciones personales, en cambio, jamás reemplazan la evidencia.

Precisamente allí se encuentra una de las mayores dificultades de las democracias modernas: encontrar el equilibrio entre la vigilancia ciudadana, fortalecida por sistemas de control eficaces, y la responsabilidad de no convertir toda sospecha en una certeza irrefutable. La democracia no se fortalece cuando creemos ciegamente en sus instituciones, ni cuando desconfiamos sistemáticamente de todas ellas. Se fortalece cuando los ciudadanos ejercen un control permanente, exigen transparencia absoluta y comprenden, al mismo tiempo, que las acusaciones solo adquieren legitimidad, cuando pueden sostenerse sobre pruebas y no únicamente sobre sospechas; pero se fortalece también, cuando el sistema electoral representado por las instituciones respectivas, pueden evolucionar de manera certera y transparente hacia seguridad tanto de los procesos realizados, como de la resolución de dudas o inquietudes surgidas durante el ejercicio electoral, pero que logran aclararse con certeza total y claridad absoluta sobre los procedimientos adoptados y puestos en marcha.

Cuando una elección cambia los incentivos

Quienes sostienen que una elección merece especial atención, distinta de otras ocurridas en época diferente, suelen partir de una reflexión sencilla pero contundente: las motivaciones políticas cambian, y con ellas cambia también el deseo de que una fracción se imponga sobre otra. Las decisiones humanas no dependen únicamente de las herramientas disponibles, sino de los intereses que existen en cada momento; un mismo procedimiento puede operar durante años sin que nadie intente alterarlo y, de pronto, convertirse en objeto de disputa, cuando las consecuencias de una elección adquieren un valor excepcional para quienes participan en ella. El hecho de que un fraude nunca hubiera ocurrido antes, no significaba que fuera imposible: simplemente significa que, hasta entonces, nadie había encontrado el incentivo suficiente para intentarlo.

Antes de la llegada de la izquierda al poder, después de décadas enteras de oposición minoritaria y de facciones internas irreconciliables —atravesadas incluso por el asesinato inclemente de varios de sus candidatos, sin que hasta hoy se conozca con certeza a los autores intelectuales de tan funestos desenlaces, así se tenga la certeza sobre los sectores ideológicos y los nichos de poder y de riqueza que con razón pudieron motivarlos —, muchas opiniones consideraban improbable, casi imposible, que una fuerza de esa naturaleza alcanzara la Presidencia. Pero una vez ocurrido el hecho histórico, tras un nutrido margen participativo, el escenario cambió por completo. Si determinados grupos ideológicos, ancestralmente dominantes en más de dos siglos de predominio del centro, la derecha o el conservadurismo, interpretaron aquella victoria como una anomalía que no debía repetirse, resulta lógico pensar que, llegada la siguiente contienda, tuvieran mayores incentivos para impedir su continuidad. Esa sola premisa no prueba que hayan actuado de forma indebida, aunque se intuyan los fundamentos de una sospecha justificada; lo que demuestra de manera mucho más simple, es que las motivaciones humanas cambian, cuando cambian las circunstancias que las mueven.

Conviene insistir en un aspecto esencial: la existencia de un incentivo nunca constituye, por sí sola, prueba de una conducta determinada o específica. En el derecho, en la historia y en la investigación científica, las motivaciones ayudan a comprender por qué algo podría suceder, pero tienen el reto y la dificultad de demostrar con pruebas que efectivamente haya ocurrido. Por ello, la verdadera discusión no debería centrarse exclusivamente en si hubo o no fraude en la más reciente elección presidencial, sino en comprender los factores que explican el comportamiento político de una sociedad, convocada masivamente a ejercer su derecho al voto. Una democracia madura no debe conformarse con dos posturas igualmente estériles: la confianza absoluta, que convierte todo cuestionamiento en herejía institucional, ni la sospecha permanente que transforma toda derrota electoral en conspiración. Ambas terminan debilitando la credibilidad del sistema. Su verdadera fortaleza consiste en que los ciudadanos exijan transparencia, auditorías independientes y garantías para todos los actores políticos, cualquiera sea su orientación ideológica, y que la institucionalidad opere de manera efectiva, para dar claridad y soporte veraz y contundente a lo que realmente ha sucedido en el desarrollo de una contienda electoral.

El desencanto y el voto desde la experiencia individual

Para millones de ciudadanos, la llegada de la izquierda al gobierno no representó una simple alternancia electoral, en un país estructurado durante generaciones alrededor de una misma ideología: fue percibida como la primera oportunidad real de un proyecto distinto. Esa condición histórica produjo un fenómeno comprensible: las expectativas alcanzaron niveles extraordinarios, porque millones de personas no votaron únicamente por un programa de gobierno, sino por una promesa represada durante décadas. Pero las sociedades no cambian con la rapidez con que se pronuncian los discursos de campaña. Un gobierno puede proponerse reducir desigualdades o transformar instituciones y, aun con la mejor voluntad, encontrarse con límites jurídicos, restricciones económicas y estructuras de poder construidas durante generaciones, como murallas ancladas en el tejemaneje de la burocracia y en intereses sectoriales difíciles de controlar y más difíciles aún de desmontar. Cuatro años resultan insuficientes para evaluar cambios que pretenden alterar dinámicas arraigadas durante lustros enteros; queda, sin embargo, sembrada una semilla que unos se esfuerzan en hacer germinar y otros en ahogar antes de que fructifique.

Sería, con todo, ingenuo, ignorar el desencanto de una parte considerable de la ciudadanía. Uno de los fenómenos más poderosos en política es el elector decepcionado, porque la mayoría de las personas no analiza indicadores macroeconómicos ni estudios académicos: solo se pregunta con toda la legitimidad de su experiencia, ¿Cómo me fue a mí? Si un comerciante vende menos, si un profesional siente que aumentó su carga tributaria o si una familia percibe una capacidad adquisitiva menguada, es natural que dictamine el fracaso del gobierno y vire hacia la opción contraria, aunque esta constituya una regresión a un pasado que tampoco lo convencía, olvidando las mismas dificultades que antes habían anquilosado sus esperanzas.

Allí surge una de las mayores paradojas de la democracia: lo que resulta cierto para una persona, no necesariamente lo es para toda una sociedad. Un comerciante puede atravesar un período difícil, mientras miles de pequeños productores encuentran nuevas oportunidades; un empresario puede ver reducidas sus utilidades, mientras millones acceden por primera vez a un programa social, a una universidad o a un servicio de salud. Las sociedades son demasiado complejas para juzgarse únicamente desde la experiencia individual, y sin embargo, es precisamente desde esa experiencia —desde esa ventana particular— donde la mayoría construye su percepción de la realidad. El problema comienza cuando la ventana termina sustituyendo al paisaje. Un país no puede medirse únicamente por lo que ocurre dentro de una empresa, un patrimonio o un hogar; también deben pesar la reducción de la pobreza, el acceso a la educación, la movilidad social y la participación de quienes históricamente han permanecido excluidos. De la misma manera que un paciente no puede evaluar el estado de todo un hospital observando solo la habitación o el consultorio donde fue atendido, una sociedad no puede comprenderse exclusivamente desde la experiencia personal de cada individuo, sin considerar el conjunto de factores que inciden en una mirada de mayor alcance.

El miedo, la seguridad y la sociedad que queremos construir

Pocas emociones han movilizado tantos votos, en Colombia y en el mundo entero, como aquellas que genera el miedo: esa sensación tenebrosa e irracional que anuncia situaciones aún no sucedidas y que actúa más rápido que la razón, sobrepasando la evaluación serena y concienzuda que debería preceder a toda decisión. Resulta legítimo que la continuidad de un proyecto de izquierda despierte temores —fundados o infundados— relacionados con la propiedad privada, el ahorro o la iniciativa empresarial, así como resulta legítimo que otros teman que el regreso de los proyectos tradicionales, perpetúe la desigualdad o prolongue problemas históricamente irresueltos. En ambos casos el miedo ocupa un lugar que termina desplazando al análisis: no siempre se vota por un programa de gobierno, sino contra el temor de aquello que cada ciudadano considera más peligroso.

Buena parte del debate político se construye alrededor de palabras que generan más emoción que comprensión. Conceptos como socialismo, capitalismo, comunismo, neoliberalismo o libre mercado, son utilizados a diario por personas que difícilmente podrían explicar sus diferencias fundamentales, dejándose llevar por ideas vagas que derivan en interpretaciones subjetivas y nublan el juicio propio de un conocimiento a fondo. Cuando esto ocurre, el ciudadano deja de decidir a partir de ideas para decidir a partir de imágenes, prejuicios y percepciones construidas por discursos, medios o redes sociales; el voto deja de orientarse por propuestas concretas y comienza a responder a escenarios solamente temidos. El miedo encuentra terreno fértil, precisamente allí donde el conocimiento resulta insuficiente.

Existe, además, otra aspiración igualmente legítima: la seguridad. Todos desean vivir sin violencia, sin extorsiones, con la tranquilidad de desarrollar su proyecto de vida en paz; esa aspiración no pertenece a la izquierda ni a la derecha, pertenece a la condición humana. Pero toda promesa de seguridad plantea una pregunta incómoda: ¿Qué precio está dispuesta a pagar una sociedad para sentirse protegida? La historia demuestra que algunos pueblos han aceptado restringir libertades, prolongar indefinidamente conflictos o sacrificar vidas humanas —muchas de ellas ajenas al conflicto, muchas inocentes pero sacrificadas en el empeño de una pacificación aparente— a cambio de una estabilidad que, por no resolver los problemas de fondo, reaparece con el tiempo cobrando un nuevo tributo de víctimas, confirmando el viejo dicho según el cual, en medio de la crudeza de un conflicto, siempre terminan pagando justos por pecadores. Otros han apostado por reformas sociales profundas, aun a costa de generar incertidumbre en quienes valoran la previsibilidad económica, las libertades individuales y la propiedad privada, sin advertir siempre que la riqueza no se redistribuye quitándosela injustificadamente a unos para dársela sin contraprestación a otros, sino generando trabajo, iniciativa y actividad productiva capaz de sostenerse en el tiempo y de esta forma permitir los programas de equidad social en los que determinados gobiernos se enfocan.

Quizá el mayor error del debate contemporáneo haya sido presentar la seguridad y la justicia social como aspiraciones incompatibles. No debería obligarse al ciudadano a escoger entre crecimiento económico y solidaridad, entre libertad y equidad, entre iniciativa privada y responsabilidad colectiva. Las sociedades más estables, son aquellas que consiguen armonizar esos valores en lugar de enfrentarlos, entendiendo que la verdadera seguridad no consiste solo en reducir los índices de delincuencia, sino en construir una sociedad donde cada vez menos personas encuentren en la violencia el único camino posible para solventar sus necesidades y mantener los niveles relacionados con una vida digna.

¿Qué tan democrática es realmente una democracia?

Después de todas estas consideraciones, tal vez la pregunta más importante no sea quién ganó una elección ni quién la perdió en ejercicio de una democracia transparente —sin que ello signifique dejar de cuestionar aquellas en las que la evidencia sustentada de fraude, obligue a desatar las investigaciones necesarias, a encontrar la verdad de lo ocurrido, a establecer mejores y más adecuados mecanismos de control físico y tecnológico, y a castigar con toda severidad de la justicia  aquellas irregularidades demostradas que deben ser siempre señaladas y condenables —. La verdadera pregunta es otra, más honda y más incómoda todavía: ¿Qué entendemos realmente por democracia?

Respondemos casi de manera automática que la democracia es el gobierno del pueblo, el gobierno de las mayorías. Pero basta detenerse unos minutos para advertir que esa definición, aunque necesaria, siempre  y en todos los casos resulta insuficiente. ¿Existe una democracia plenamente libre, cuando buena parte de los ciudadanos vota condicionada por el temor a perder su empleo, por la dependencia de un subsidio, por la necesidad de conservar un contrato o por la sujeción a una voluntad política que determina el acceso a servicios básicos? ¿Qué tan libre es el voto cuando la supervivencia cotidiana depende de quien ejerce el poder de turno? En distintas regiones del mundo —y Colombia no ha sido ajena a esa realidad— grupos armados ilegales, organizaciones criminales o estructuras de poder local, han intentado influir e incluso han influido de manera contundente en las decisiones electorales, mediante la intimidación, la amenaza o la violencia. Allí no solo se vulnera el derecho al voto, sino que se pone en duda la esencia misma de la democracia.

Incluso dejando de lado esas formas extremas de presión, muchas elecciones —y la más reciente es fiel muestra de ello— dejan a un tercio de los ciudadanos respaldando al ganador, a otro tercio respaldando una opción distinta o contraria, y a un porcentaje similar o incluso superior, refugiado en la abstención, la indiferencia y el silencio, dejando que sean otros quienes decidan un destino que, tarde o temprano, terminará afectándolos también a ellos. Al final, quien resulta elegido gobierna para el ciento por ciento de la población, pero solo con el respaldo efectivo de una fracción del cuerpo electoral. Ese gobierno es plenamente legítimo desde el punto de vista jurídico, porque ha sido elegido conforme a las reglas constitucionales; pero desde una perspectiva ética y práctica, la situación invita a reflexionar sobre el grado de representatividad que realmente expresa ese resultado. Imaginemos una asamblea de copropietarios o accionistas, en la que apenas asistiera un tercio de sus integrantes, y ese grupo terminara adoptando decisiones que comprometen a la totalidad durante varios años: probablemente surgirían cuestionamientos sobre el nivel de participación alcanzado. La comparación no es exacta ya que las democracias funcionan bajo reglas distintas a las de una asamblea privada, pero ilustra la brecha que puede existir entre la legalidad de una decisión y la amplitud de su respaldo social.

Quizá el desafío de las democracias de este siglo no consista únicamente en garantizar elecciones transparentes, sino en lograr que los ciudadanos participen de manera más consciente, informada y libre. Porque una democracia no se fortalece solamente cuando los votos se cuentan correctamente, sino también cuando los ciudadanos pueden decidir sin miedo, sin presiones indebidas, sin manipulación, con acceso a información suficiente y con la convicción de que su participación, contribuye a construir el destino colectivo. La democracia no puede reducirse a la simple aritmética de los votos: es, sobre todo, una cultura; una manera de convivir con quien piensa distinto; un ejercicio permanente de respeto por las reglas comunes; una disposición a reconocer la legitimidad del adversario, sin renunciar a la defensa de las propias convicciones. Quien resulta elegido, no gobierna solo para quienes votaron por él, sino también para quienes apoyaron otras opciones y para quienes decidieron no participar; y quienes no obtuvieron la victoria, conservan el deber democrático de ejercer una oposición responsable, capaz de vigilar al poder, sin convertir cada decisión en motivo de confrontación permanente; claro que sin renunciar por ello a su derecho legitimo de reclamar sobre los resultados o hacerlos valer por las vías que establece la justicia, cuando las evidencias indican la posibilidad evidente de un proceso de fraude. Unas elecciones pueden organizarse en un solo día; la democracia, en cambio, necesita construirse a cada momento y volverse cada vez más transparente, objetiva, equilibrada y poderosa.

Una última reflexión

Después de cada elección, el país parece dividirse entre quienes celebran y quienes lamentan el resultado. Los primeros sienten que la democracia ha hablado con claridad; los segundos se preguntan qué salió mal, y comienzan los señalamientos, las explicaciones apresuradas y las certezas absolutas: unos culpan al gobierno saliente, otros a la oposición, no faltan quienes atribuyen el desenlace a la manipulación mediática o a un fraude que jamás llegan a probar o que siendo probado, no desencadena la nulidad de la elección registrada, bajo el prurito de mantener un orden aparente que, a sus ojos, resulta más prudente que el caos institucional generado por el reconocimiento de las fallas demostradas, obligando a mantener las apariencias de normalidad en medio de las cuales fluye el desempeño de las instituciones. Entretanto, la sociedad continúa su marcha, como si las respuestas pudieran encontrarse únicamente en el resultado de una sola jornada electoral.

Pero quizá la pregunta decisiva no sea quién ganó ni quién perdió. Tal vez la verdadera pregunta sea cómo estamos decidiendo. ¿Votamos después de estudiar con serenidad las propuestas, las trayectorias y las capacidades de quienes aspiran a gobernarnos? ¿O terminamos reaccionando al miedo, al desencanto, a la publicidad, a las emociones del momento o a la promesa de soluciones inmediatas para problemas que llevan décadas construyéndose?

La democracia no comienza el día de las elecciones. Comienza mucho antes, cuando cada ciudadano decide informarse, contrastar versiones distintas a las propias y asumir que ningún proyecto político posee el monopolio de la verdad ni de las buenas intenciones; exige también reconocer que ninguna ideología, por sí sola, resolverá jamás todos los problemas de una nación, porque la historia demuestra que los mayores avances y los peores errores, han sido cometidos por gobiernos de las más distintas orientaciones. Las etiquetas políticas pueden orientar una discusión, pero nunca sustituyen la inteligencia, la ética ni la capacidad de gobernar.

Quizá el verdadero desafío de una sociedad, no consista en producir mejores campañas electorales, sino mejores ciudadanos, capaces de desconfiar sin caer en el cinismo, de exigir transparencia sin convertir toda derrota en conspiración, de flamear la honestidad porque de verdad está fijada en la independencia y capacidad operativa de las instituciones que regulan las elecciones,  de defender sus convicciones sin negar la legitimidad de quienes piensan distinto, de comprender que el bienestar propio pierde sentido, cuando se edifica sobre la exclusión permanente de los demás, y de entender, finalmente, que la política no debería reducirse a la disputa por el poder, sino convertirse en la búsqueda permanente del bien común.

Las urnas pueden definir quién administra temporalmente el Estado, pero el futuro de una nación depende de algo mucho más profundo: de la calidad humana, ética y crítica de quienes depositan el voto. Porque los gobiernos pasan, los partidos cambian, las ideologías evolucionan, las generaciones se suceden unas a otras; pero los pueblos terminan pareciéndose, tarde o temprano, a la suma de las decisiones que toman sus ciudadanos.

Por eso, más importante que preguntarnos por quién vamos a votar, es que tal vez deberíamos preguntarnos en qué clase de ciudadanos queremos convertirnos y qué clase de sociedad deseamos construir. Solo entonces, el voto dejará de ser un simple mecanismo que elige gobernantes, para convertirse, de una vez y para siempre, en una verdadera expresión de conciencia democrática y de capacidad fortalecida para poder elegir el rumbo y el destino de una nación incluyente y con posibilidades reales de progreso individual y colectivo.

 

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